Redacción InfoEsther
Por Sebastián Repetto
Hay pasajes de la política territorial que exigen prescindir por un instante de las abstracciones del Central y la planilla Excel para observar la microfísica del poder. En ese pliegue sutil donde la doctrina colisiona contra el barro y el asfalto cotidiano, los conceptos suelen adquirir un espesor completamente distinto al que le asignan los teoremas de Balcarce 50.
El dato, en apariencia menor para la vorágine macroeconómica que obsesiona al ecosistema porteño, ocurrió esta semana a la vera de la Ruta 21. La Municipalidad de Pueblo Esther presentó una nueva unidad de transporte escolar destinada a los alumnos de la E.E.S.O. N.º 427 Brigadier Estanislao López. Una decisión que amplía el esquema previo del nivel primario y que, desde este lunes, garantizará que decenas de adolescentes puedan trasladarse a clase de manera regular y gratuita.
En la foto institucional figuraban la directora de la escuela, Anabella Galli, junto al intendente Martín Gherardi, la secretaria de Educación Natalia Míguez y la titular del Concejo, Sandra Filippini. Una postal clásica de la gestión local. Sin embargo, detrás del protocolo se esconde un sintomático contraste ideológico.
El discurso dominante de la época —impulsado por la ortodoxia libertaria de la Casa Rosada— presupone que el Estado es un leviatán parasitario cuya única función virtuosa radica en su propia retracción. Bajo esa premisa, los bienes públicos deben ceder su lugar a la autorregulación del mercado o a la capacidad individual de pago. La lógica es implacable: el que no llega, simplemente no califica.
Pero en la periferia de los grandes centros urbanos, la teoría se topa con un dilema ontológico. Cuando la distancia geográfica o la restricción presupuestaria de una familia trabajadora imponen la inasistencia escolar, la ausencia del Estado no genera libertad; genera exclusión.
Es en ese cruce donde la gestión de Gherardi articula una toma de posición tan pragmática como conceptual. "Creemos que llegar a la escuela no puede ser un obstáculo", deslizó el intendente durante la entrega del colectivo. La frase encierra una definición que contraviene la narrativa oficial de la era de la motosierra: el acceso a las aulas no es un bien de consumo privado, sino un presupuesto básico de la cohesión social.
Mientras el gobierno central y sus representantes locales, celebran la poda de partidas, el cierre de programas de infraestructura y la paralización del auxilio a las provincias, los municipios se ven forzados a ensayar una suerte de "resistencia de cercanía". Tienen que resolver con recursos propios la demanda primaria de vecinos con rostro, apellido y número de documento.
Invertir en una unidad de transporte escolar en tiempos de sequía fiscal no es una mera acción asistencial. Es una decisión política de alta densidad. Significa priorizar el financiamiento de las trayectorias educativas por encima del repliegue doctrinario. Como remarcó el propio Gherardi al cerrar el acto: "Invertir en educación también es garantizar que nuestros jóvenes puedan estar todos los días donde tienen que estar: en la escuela".
La experiencia de Pueblo Esther pone en evidencia la principal grieta de la Argentina contemporánea. No la que divide a la dirigencia en los estudios de televisión, sino la que separa a la teoría del dogma del pragmatismo de las necesidades básicas.
Mientras la motosierra nacional amputa capacidades estatales bajo el argumento del equilibrio contable, en el territorio el Estado demuestra que su vigencia no se mide en superávit financiero, sino en la capacidad concreta de acortar los kilómetros que separan a un chico de su futuro.
